“Para las comunidades nativas, la titulación es importante para la seguridad territorial. Queremos un cambio para nuestra comunidad, queremos progresar, y para ello requerimos la seguridad jurídica de que nuestras tierras nos pertenecen y que a partir de ello podamos tomar decisiones sobre su uso y conservación”, dice Leonidas Yaun Petsayit, presidente de la comunidad nativa Kantash.

Efectivamente, uno de los puntos esenciales en la agenda de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana es la titulación de sus territorios. Esta les proporciona autonomía y autogobierno, derechos a la consulta previa y participación ciudadana, conservación ambiental y biodiversidad, así como empoderamiento económico. Esto se manifiesta en la protección de sus derechos territoriales, la preservación de su cultura y formas de vida, la promoción del desarrollo sostenible y la mejora de su calidad de vida.

La titulación es una herramienta clave para el reconocimiento y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, garantiza –como indica Leonidas– que tengan un papel activo en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios, y que puedan preservar su riqueza cultural y ambiental para las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, hay una demora extrema en este proceso. Mientras transcurren décadas sin completar, reanudar o iniciar la titulación de las tierras de las comunidades, sus derechos y su legado cultural están en juego. Miles de peruanas y peruanos luchan por un reconocimiento que se les ha prometido, pero que aún no han recibido.

Camino escabroso

En 1974, tras promulgarse la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley Nº 20653), el Perú inició la formalización de los derechos de propiedad colectiva de las comunidades nativas en la Amazonía. 

De acuerdo con los artículos 88º y 89º de la Constitución, el Estado peruano debe garantizar el derecho de propiedad de sus tierras a las comunidades campesinas y nativas. Para ello existen dos procedimientos administrativos: el reconocimiento oficial de las comunidades y la titulación de sus tierras comunales.

Ello en medio de un marco normativo sumamente complejo, que además sufrió cambios y medidas complementarias que se superponen o contradicen o afectan a otras. Por ejemplo, la modificación de la Ley Forestal en 1975, al considerar los bosques como patrimonio nacional, determinó que se hiciera una distinción entre áreas de aptitud agrícola, forestal y de protección. Además, en 1978 se promulgó la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (Decreto Ley Nº 22175) con la "finalidad establecer una estructura agraria que contribuya al desarrollo integral de las regiones de Selva y Ceja de Selva, a fin de que su población alcance niveles de vida compatibles con la dignidad de la persona humana". Así, se reemplazaba la norma de 1974 (que dictaba la titulación de todo el territorio demarcado) y se establecía la clasificación de suelos como requisito para la titulación. 

Desde entonces se titularon en propiedad solo los suelos que tuvieran aptitud de uso agropecuario y se entregaron contratos de cesión de uso para los suelos que resultaran clasificados como de uso forestal. "Esto ha introducido mecanismos confusos y costosos que han frenado los procesos de titulación. Pero, además, es contrario a lo dispuesto en el Convenio 169 y al mismo tratamiento que el Estado le había dado históricamente a la propiedad de las comunidades, que reconocía que los títulos solo formalizaban una propiedad que ya era de ellas", señala Alberto Chirif, antropólogo y especialista en Amazonía y pueblos indígenas.

Además, durante las tres últimas décadas la competencia del saneamiento de la propiedad comunal ha sido transferida de una entidad estatal a otra. Por ejemplo, entre 1992 y 2007 el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) fue el responsable; luego el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) hasta el 2011. Por breve tiempo siguieron los gobiernos regionales. Desde el 2013 el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) es el ente rector del proceso de saneamiento de la propiedad comunal (actualmente a través de la tercera etapa del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú - PTRT3 y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo - BID) y que los gobiernos regionales ejecutan.

En 2014, se retomaron los procesos de reconocimiento, titulación y ampliación de los territorios de las comunidades nativas. “El proceso se retomó no por un sentido de justicia y reivindicación, sino por el entendimiento de parte del Estado peruano y del resto del mundo, del papel que juegan las poblaciones indígenas en la conservación y manejo de los recursos naturales”, anota Eddy Mejía, antropólogo y director de saneamiento físico-legal del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia).

De hecho, los compromisos internacionales que el Perú ha suscrito en temas de cambio climático y biodiversidad, entre otros, han impulsado discursos y algunas iniciativas de los diversos gobiernos (sobre todo desde 2014, cuando la COP20 de cambio climático se desarrolló en Lima) en torno de la titulación. “Para los pueblos indígenas y sus organizaciones [la titulación] tiene un sentido más íntimo y de reivindicación”, añade.

“La titulación ha sido impulsada y financiada mayormente por instituciones particulares, sean estas organizaciones indígenas o instituciones de apoyo nacionales o internacionales en convenio con el Estado. Sin este apoyo externo, con toda seguridad no se hubiese logrado los resultados de titulación que hoy existen”, señala Chirif.

El antropólogo remarca el papel que han jugado algunas organizaciones no gubernamentales (Cedia, IBC, el grupo Desarrollo Alto Marañón, el Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya Samiria, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, entre otras ONG) en el proceso de titulación de las comunidades nativas. “Aunque las modalidades de cada convenio varían, en lo sustancial estos consistieron en financiar al personal del Estado para demarcar y elaborar los expedientes de titulación”.

El financiamiento del PTRT3 procedía de fondos públicos, así como de un préstamo para el cual se suscribió un contrato en el 2015 entre el Perú y el BID. Sin embargo, el proyecto –que planteaba la titulación de 403 comunidades [la brecha de comunidades nativas por titularse en la Amazonía peruana aproximadamente llega a 680], divididas en cuatro lotes– entró en serios problemas por aparentes gastos no justificados que dieron lugar a controles internos. 

Desde el 2019, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), las principales organizaciones indígenas amazónicas, solicitaron al gobierno de entonces que se hiciera una evaluación del proyecto para introducir cambios que permitieran una ejecución eficiente del presupuesto y que se alcancen las metas previstas. Desde el inicio del PTRT3 solo se titularon seis comunidades.

Dos años después, durante el gobierno de Pedro Castillo, el Midagri anunció que la titulación se postergaba hasta el 2022-2023, con el propósito de establecer medidas correctivas en la ejecución del PTRT3. Esta vez solo con recursos del Estado peruano, “bajo una nueva modalidad de ejecución (Grupos de Trabajo Supervisados - GTS) a través de la cual los gobiernos regionales comprendidos en el ámbito regional del referido proyecto obtendrán un rol protagónico”. Por primera vez con el acompañamiento de las organizaciones indígenas de las zonas involucradas.

Aidesep es escéptica. “La propuesta de modalidad excepcional ha sido ejecutada por anteriores gestiones del PETT con resultados muy controversiales por la falta de supervisión de los GTS y el grado de corrupción en campo, aparte de los errores a nivel registral”, señala Waldir Eulogio Azaña, especialista en el tema y responsable del Centro de Información y Planificación Territorial Amazónica (CIPTA) de Aidesep, que acompaña a las comunidades en este largo proceso.

Eulogio afirma que el alto grado de corrupción en las direcciones regionales de Agricultura hace que los expedientes terminen siendo trámites administrativos y no se inscriben en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Las 48 comunidades del segundo lote, que corresponden a los departamentos de Junín, Huánuco y Ucayali, están listas para ser tituladas, pero todo está en manos del Midagri y las entidades competentes.

Jamer López Agustín, presidente interino de la Organización Regional de Aidesep Ucayali (ORAU), señala que el PTRT3 ha fracasado. “El PTRT3 ha fracasado y se ha gastado mucho dinero del presupuesto del proyecto de titulación sin beneficiar a las comunidades”, asegura.

En su opinión las autoridades y otros sectores de la ciudadanía no entienden por qué es importante la titulación para las comunidades amazónicas. “La titulación es una agenda histórica del movimiento indígena amazónico. Es la base donde se manifiesta la cosmovisión indígena, distinta del concepto de propiedad del mundo occidental. Nosotros tenemos conocimientos ancestrales que nos permiten un adecuado manejo del territorio, del bosque y esto a su vez lleva a fortalecer la identidad cultural. Entonces, el derecho al territorio para nosotros es clave porque sin territorio no estarían asegurados los bosques, los peces o los recursos de los ríos y sobre todo nuestros conocimientos que rigen allí”, detalla.

Una vez logrado el proceso de titulación viene el segundo paso, que es cuando la comunidad se organiza e identifica cuáles son las oportunidades que tiene, con cuáles fortalezas cuenta y a partir de ello ver el mejor mecanismo para desarrollar su territorio.

“Los gobiernos no entienden cómo se reconocen nuestros derechos territoriales”, apunta Eulogio. La demora en la implementación del PTRT3 ha ocasionado retrasos en la reducción de las brechas de reconocimiento y titulación comunal.

Los frecuentes cambios –indica un documento del Instituto de Bienestar Común (IBC)– han obstaculizado la protección de los derechos de las comunidades nativas, lo que ha devenido en quejas y pedidos de intervención ante la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. "La falta de una rectoría adecuada, aunada a la falta de asignación de presupuesto y la demora de las Direcciones Regionales Agrarias (DRA) en la ejecución de sus competencias, impiden obtener seguridad jurídica sobre un recurso tan valioso como la tierra", indica.

Eddy Mejía subraya que el cuello de botella del proceso de titulación de las comunidades radica también en la falta de entendimiento de las normas de parte de los funcionarios involucrados y, sobre todo, de su aplicación.

“Para entender el verdadero alcance de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo de la Selva y Ceja de Selva, DL 22175 [promulgada en 1978], es importante recordar que la aptitud de la tierra en la Amazonía no es agrícola, y que, en respuesta a esa realidad, históricamente, las prácticas de las poblaciones originarias de la selva están basadas en el uso sostenible de los recursos del bosque. En consecuencia, el derecho de propiedad de las comunidades nativas, solo puede ser ejercido en la práctica, en una pequeña fracción de lo que ellos consideran su territorio; en el resto, son usuarios de los recursos autorizados por un contrato de cesión en uso”, agrega Mejía.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, un primer gran problema es la ausencia de una reforma integral y simplificación del marco jurídico que regula el reconocimiento y titulación de comunidades nativas. “Este marco implica procedimientos con más de 20 pasos, que –en algunos casos– se prolongan hasta por 20 años de espera, frente a otros actores cuyos derechos son reconocidos en cortos periodos de tiempo, gracias a procedimientos más simples y expeditivos. Es impostergable la elaboración de una propuesta normativa que modifique y simplifique estos procedimientos, que reduzca el número de pasos y tiempos en su tramitación”, señala.

También considera que los gobiernos regionales no cuentan con el suficiente personal ni con los especialistas requeridos. Además, la mayoría de los empleados involucrados en el proceso de titulación de las comunidades nativas no dominan las lenguas originarias.

Improcedencias y apelaciones

En Ucayali hay alrededor de 472 comunidades nativas reconocidas y tituladas, y alrededor de 30 faltan titular (los datos del Midagri, de los gobiernos regionales y del Ministerio de Cultura no necesariamente coinciden). En el caso de la provincia Padre Abad, existen tres por titular, una de ellas es Kantash.

Kantash es una comunidad nativa ubicada a la margen derecha de la quebrada Uruya, a la altura del kilómetro 72 de la carretera Federico Basadre, distrito de Neshuya [desde el 2015 recién con esa categoría], provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, el segundo más extenso de la Amazonía del Perú. Realmente está cerca de la ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali. Se accede a ella por tierra, lo que hace pensar que se puede estar allí rápida y fácilmente, pero la realidad es otra. Llegar a esa altura de la carretera toma casi dos horas en auto, pero el destino final (25 kilómetros hacia adentro) se hace tedioso, cansino y con algo de peligro si es que se va en moto lineal o incluso en una camioneta 4x4. La trocha carrozable que lleva a la comunidad tiene tales desniveles que solo los lugareños y un conductor experto pueden hacer que la travesía sea exitosa luego de hora y media a 15 kilómetros por hora. Alguien ajeno a la comunidad puede hacer el recorrido a pie entre 4 y 5 horas, bajo un sol inclemente. Con lluvia, todo se complica y demora mucho más.

Leonidas Yaun y quienes viven en la comunidad no son oriundos de Ucayali. Ellos son del pueblo indígena Awajún. Salieron en 1982 de la región Amazonas a buscar buena tierra y atravesando la región San Martín llegaron a Ucayali (donde viven los pueblos shipibo-konibo, asháninka, ashéninka, kakataibo, kukama kukamiria, iskonawa, entre otros). Se instalaron cerca de un caserío en Padre Abad en un área de 2,540 hectáreas.

Según el III Censo Nacional de Comunidades Nativas, elaborado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el pueblo awajún cuenta con más de 55 mil miembros distribuidos en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali. Cuentan con más de 280 comunidades nativas; 214 están ubicadas en Amazonas, 42 en Loreto y el resto en San Martín, Cajamarca y Ucayali.

La familia Yaun fundó Kantash en octubre del año 2000. Nueve años después fue reconocida legalmente e inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. De manera inmediata iniciaron el proceso de titulación de sus tierras. Trece años después siguen en espera.

“Nosotros hemos cumplido con lo que dicen las leyes. Desde 2010 hemos presentado ante la DRA del Gobierno Regional de Ucayali la solicitud de reconocimiento con diversos requisitos [actas, directivas y estatutos legalizados, así como el croquis de ubicación de la comunidad y el padrón de todas las familias, entre otros documentos]”, dice Eugenio Yaun, quien ha sido jefe de Kantash en tres oportunidades.

Eugenio relata que después de ello, la comunidad esperó que la DRA hiciera la publicación de la solicitud de reconocimiento a fin de que terceros hicieran observaciones al pedido. En este mismo proceso, el personal de dicha entidad hizo la inspección ocular para verificar los datos consignados por la comunidad. Con toda esta información, los especialistas elaboraron un informe técnico sobre la inspección ocular en campo, lo que quedó en manos de la DRA.

Enterados del proceso iniciado por la comunidad, habitantes del caserío Mar de Plata, ubicado a 7 kilómetros de la margen derecha del kilómetro 72 de la carretera Basadre, se opusieron a la titulación y solicitaron a la DRA que llevara a cabo una nueva inspección ocular, pues alegaban que ellos estaban en esa zona desde antes de que llegaran los fundadores de Kantash y que la demarcación de territorio que solicitaba la comunidad incluía parte de sus territorios.

En medio de estos dos pedidos, la empresa Reforest S.A. Pucallpa, concesionaria forestal, terció en el proceso como interesada en tanto que la solicitud de los awajún se superponía parcialmente en más del 75% de las áreas concesionadas, donde solo se permite actividad forestal y no agraria.

En este punto cabe indicar que la Defensoría del Pueblo sostiene que la creación de los bosques de producción permanente (BPP) para el otorgamiento de concesiones forestales, constituye una de las principales razones de superposición con tierras de comunidades nativas. A pesar de que las resoluciones ministeriales que crearon los BPP establecen que las superficies superpuestas con las comunidades nativas no impiden o paralizan su titulación, no les permiten inscribir su título en la Sunarp.

Waldir Eulogio rechaza la posición del Estado que indica que estas áreas no pueden ser tituladas porque las comunidades nativas podrían deforestarlas. La pregunta que se cae de madura es ¿qué hace entonces una concesión forestal? El técnico de Aidesep advierte que las concesiones forestales otorgadas dentro de los territorios indígenas, que se dan sin inspección de campo, podrían obtener más derechos que los pueblos indígenas, quienes son desplazados.

Finalmente, en octubre del 2011 se declaró improcedente el procedimiento propuesto por Kantash. Inmediatamente, la comunidad presentó una apelación que fue declarada infundada en enero del 2012. Durante los siguientes años se sucedieron una serie de documentos elaborados por la comunidad y sus asesores, con el acompañamiento de Aidesep, la organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, así como las respuestas desde la DRA de Ucayali. Hasta que, en 2018, esta resolvió iniciar nuevamente el proceso de titulación. En junio de este año visitamos Kantash y hay expectativa por una pronta titulación.

“Hace un tiempo hemos dialogado con Reforest. Nos han entendido y ya no se opondrán; nosotros respetaremos el área forestal. Ya se ha aprobado el plano territorial. Estamos en el plazo. El Ministerio de Agricultura debe emitir ya la comisión para la titulación”, señala Leonidas, sentado en el salón comunal de la comunidad. Allí nos acompañan otros awajún. Les parece injusta tanta demora, consideran que también hay discriminación, que los invisibilizan. “No le interesamos a las autoridades, somos indígenas, pobres. Hay corrupción de algunos funcionarios. Necesitamos la titulación para desarrollar nuestra comunidad”, nos dicen.

. El territorio que habita la comunidad es invadido por colonos y madereros, lo que ocasiona enfrentamientos desde 2010. “Llevamos muchos años a la espera de ser titulados. Sabemos que otras comunidades han esperado 30 años. No es justo. ¿Por qué las comunidades indígenas somos invisibilizadas por nuestros gobiernos y autoridades regionales? Es una discriminación. Casi siempre los colonos, los mestizos, son favorecidos por las autoridades. Y mientras esperamos que el Midagri resuelva, los invasores ingresan al territorio comunal, violando nuestros derechos humanos, fundamentales y constitucionales”, dice Eugenio.

Leonidas sabe que tienen derechos que los amparan, tratados internacionales y la misma Constitución Política del Perú. “El derecho consuetudinario como pueblos indígenas nos permite defender nuestro territorio ya reconocido legalmente. Si no somos escuchados por las autoridades las hacemos responsables de lo que pueda suceder en caso debamos actuar en defensa propia ante los invasores, que deforestan”, indica.

Pese a que son amenazados y que los mestizos –como ellos denominan a los no originarios, en su mayoría procedentes de la sierra– trafican tierras y él ha sido amenazado más de una vez, Leonidas se muestra optimista y no quiere patear el tablero. Piensa primero en su comunidad y en respetar las leyes. Pero también sabe que el título no garantiza el tema de la seguridad ante los invasores, pues hay rondas campesinas (que fueron alentadas por el expresidente Castillo) que están invadiendo los territorios de las comunidades nativas de la zona.

Después de la titulación

“Con el título en nuestras manos esperamos obtener algunos beneficios por parte del Estado. Tendremos más probabilidades de proteger el ecosistema. Nuestro interés es cuidar la tierra y sus recursos. Además, podremos tener acceso al crédito financiero. Nuestra comunidad puede desarrollarse y mejorar sus medios de vida”, señala Leonidas.

Edit Yaun, procedente de San Martín, estudió educación en la Universidad de Ucayali. Es profesora bilingüe y postuló a una convocatoria para ser maestra en la comunidad, pues ella también es awajún. Desde 2016 enseña educación inicial y tiene la gran responsabilidad de formar a los más pequeños de Kantash, mostrándoles el universo indígena, por un lado, y la mirada occidental, por el otro. “Son dos mundos. Los niños deben estar preparados, deben aprender sobre su cultura, pero también sobre cómo es el mundo del exterior”, señala.

Edit, quien quiso dedicarse al diseño de moda antes de estudiar educación, tiene la esperanza de que, con la titulación, la comunidad pueda desarrollarse y que ello repercuta en la escuela. Ella, como el resto de los comuneros, también se dedica a la pequeña agricultura, sobre todo al cultivo de cacao. “Soy profesora y formo parte de la comunidad; el trabajo es constante aquí, dentro y fuera del aula”, subraya.

A ella le gusta lo que hace, pero considera que el Estado no apoya a los docentes bilingües. “Hay discriminación. No reconocen nuestras capacidades porque somos indígenas. El Estado se aprovecha de nosotros, quieren que una sea docente y directora, pero sin mejorar la situación económica de nosotros ni de la escuela. No tenemos recursos, no nos proporcionan material; dicen que no tienen presupuesto para que podamos contar con material bilingüe”, se queja.

El universo awajún –continúa– incluye un respeto y una convivencia armónica con la naturaleza. Y eso inculca a sus alumnos. “Ese respeto no lo tienen los mestizos, los invasores, por eso necesitamos la titulación, para que nuestros niños tengan un mejor futuro”, anota.

Marycarmen Yaun es una joven de padre awajún y madre chanka. Lleva consigo la herencia de las culturas andina y amazónica que muy bien ha sabido comulgar con la gran Lima, donde estudiaba ingeniería industrial en una universidad privada hasta que tuvo que retirarse momentáneamente para cuidar de su bebé. Tras vivir parte de su niñez y juventud en Apurímac, en la región surandina del Perú, a más de 2,900 msnm, ha regresado a Kantash para compartir la cultura de su padre.

Sus estudios y la cultura andina la convierten en una persona curiosa dentro del universo amazónico, con muchas inquietudes y propuestas, siempre con empatía. Habla, español, quechua y está mejorando su awajún.

A ella le preocupa el medioambiente y reconoce que los efectos del cambio climático se manifiestan en Ucayali. “Nosotros dependemos del agua de la quebrada, no tenemos agua potable. Sin un camino, sin una carretera, nos cuesta mucho traer agua por las dificultades del trayecto. Yo quiero que ya tengamos título y podamos pensar en un desarrollo sostenible. Que podamos juntar, reunir agua de las lluvias porque la quebrada se seca entre julio y agosto y los peces mueren, que podamos ejecutar proyectos de desarrollo para salir adelante, mejorar nuestras vidas. También me gustaría que vengan especialistas a hacer estudios de suelo para ver si podemos sembrar algunas frutas que actualmente no tenemos”, indica. Además, confiesa que a ella le gustaría enseñar electrónica a los comuneros. Ella tiene muchas ideas para la comunidad.

Antes de despedirse de nosotros, Leonidas, quien lleva un mes como jefe de la comunidad, nos recuerda que mientras no tengan título no pueden hacer mucho. Sus cultivos seguirán siendo para consumo interno, pues al no tener un camino hasta la carretera Basadre no pueden tener acceso al mercado.

También nos recuerda que necesitan una posta médica. Si alguien de la comunidad se enferma, no hay doctor que vaya a la comunidad y llegar a la primera ciudad donde puedan ser atendidos demanda harto tiempo, como lo señalamos al inicio de este reportaje.

 Mientras el Estado peruano no brinde seguridad jurídica a los territorios de las comunidades nativas de la Amazonía, los derechos de estas seguirán siendo vulnerables a invasiones de migrantes e ilegales. La espera de décadas por la titulación, que pasa por múltiples requerimientos de las direcciones regionales agrarias y del enmarañado marco normativo, contrasta con el acelerado reconocimiento -muchas veces irregular- de centros poblados y caseríos en territorios indígenas.

“En la práctica, el proceso de titulación de comunidades ha perdido su sentido original de ´regularización de un hecho preexistente´ y se ha convertido en un proceso administrativo enormemente largo y tortuoso, de alto costo económico, sujeto a los intereses de terceros y caldo de ineptitud y corrupción estatal”, señaló recientemente Ermeto Tuesta, especialista del IBC en seguridad jurídica de territorios de pueblos indígenas amazónicos.

Al cierre de esta historia, el Midagri anunció que “más de tres comunidades indígenas serán tituladas en junio en la región de Ucayali”. Ninguna era Kantash, pero los Yaun esperan que la resolución salga entre junio y julio a más tardar. Supimos que figura en la lista. Por su parte, el gobernador regional Manuel Gambini, aseguró que seguirá apostando para que Ucayali sea una región de propietarios, más aún si se toma en cuenta que los agricultores necesitan de una seguridad jurídica para acceder a créditos brindados por el Midagri. “No podemos olvidarnos de las comunidades indígenas, las cuales siguen pidiendo seguridad para sus tierras. Con el trabajo articulado, esto se logrará”, indicó.

Foto abridora: Alberto Ñiquen

Agradecimientos: Ivan Brehaut, periodista ambiental, y Willian Barbarán, comunicador de la Organización Regional de Aidesep Ucayali.