La COP30, desarrollada en Belém, Brasil, fue un escenario clave para que líderes indígenas de todo el mundo elevaran sus voces. Ellos demandaron mayor protección para los guardianes del bosque —en su mayoría miembros de pueblos originarios que defienden territorios frente a la deforestación, minería ilegal y extractivismo— porque estos enfrentan amenazas crecientes que socavan directamente los esfuerzos globales contra el cambio climático.

Esta demanda se centró en el reconocimiento de derechos territoriales, detener la invasión de los territorios indígenas, justicia por asesinatos e implementación de salvaguardas y mecanismos de respuesta rápida para proteger a los defensores.

“Sin protección efectiva, sin pueblos indígenas, no hay justicia climática", señalaron los representantes originarios en los diversos eventos que se desarrollaron en la ciudad amazónica brasileña.

Saweto: un caso emblemático y una sentencia que no detiene a los culpables

El asesinato en 2014 de los cuatro líderes de la comunidad nativa ashéninka Alto Tamaya Saweto, ubicada en Ucayali, fue presentado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) como un caso emblemático de violación de derechos humanos sin justicia efectiva. Como se recuerda, el pasado agosto se emitió una sentencia por la cual se condenó a 28 años y 3 meses de prisión a los madereros ilegales autores del crimen, pero estos continúan sin ser capturados.

Los líderes indígenas presentes en la COP30 exhortaron a las autoridades a que el proceso legal llegue a su fin y que la Corte Suprema del Perú se pronuncie de manera efectiva. Asimismo, pidieron que se active el Plan de Acción Saweto (pensiones para viudas, educación para huérfanos, seguridad comunitaria y oportunidades laborales, y garantías contra la impunidad, que amenaza a toda la Amazonía peruana, donde el extractivismo acelera la pérdida de bosques.

Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, denunció que Saweto es "parte de un patrón más amplio" de asesinatos de líderes que protegen el territorio. “Estos hermanos fueron asesinados a mansalva para amenazar a otros líderes, para que no sigan reclamando sus derechos con respecto a la integridad del territorio. Han pasado más de 10 años para que se pueda dictar una sentencia en contra de los que han sido asesinados y muchos líderes y otros crímenes están impunes, no se ha logrado hasta el momento una sentencia de esta naturaleza. Es por eso que nosotros entendemos que este caso debe ser un referente para que otros crímenes que están en proceso logren concluirse de manera satisfactoria hasta castigar a los responsables”, detalló.

“Durante los últimos 20 años, 36 líderes han sido asesinados. Sus familiares y organizaciones están esperando justicia. Como organización indígena, nos corresponde exhortar y pedir al Estado peruano que la impunidad no gane a la adversidad de acceder a la justicia y como también damnificar a los huérfanos que han quedado en total abandono”, añadió.

Las COP (Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) no son solo foros para las negociaciones climáticas de los estados parte, también sirven para abordar la intersección entre clima, derechos humanos y justicia ambiental. El Acuerdo de París, logrado en la COP21 en 2015, reconoce explícitamente el conocimiento tradicional indígena como clave para la mitigación y adaptación climática.

Por consiguiente, hablar del caso Saweto o de la protección de guardianes en la COP30 tiene sentido en tanto los defensores son la primera línea de defensa climática. Los pueblos originarios gestionan el 80% de la biodiversidad global y reducen la deforestación en sus territorios.

Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), habló sobre lo difícil que es para los pueblos indígenas peruanos enfrentar procesos judiciales. “Estamos aquí porque después de 10 años de un proceso muy complicado, el caso Saweto se ha vuelto un referente. ¿Los deudos de los 36 líderes indígenas tendrán que esperar 10 años para lograr algún tipo de justicia? ¿Esa es la justicia que estamos buscando? Después de 10 años, ¿vamos a recuperar esa sangre derramada? Desde los territorios, la respuesta definitivamente es no. El clamor es no a la impunidad. Desde los territorios tenemos esas voces de resistencia, esa voz de denunciar públicamente aquí y ahora nuevamente visibilizando la situación en la que nos encontramos”, explicó.

López señaló que Ucayali se ha convertido en un territorio de nadie, un territorio controlado por narcotraficantes, quienes han amenazado a líderes de diversas comunidades. Y pese a las denuncias, los defensores no cuentan con protección.

“Saweto es una esperanza de justicia, aunque todavía no es efectiva. No queremos más asesinatos de líderes indígenas. Por ello es importante que en eventos como este se sepa de nuestra resistencia desde el territorio y desde las organizaciones, y que nuestros mecanismos y estrategias de defensa comunales nos sirven para enfrentar las amenazas, pero requerimos de apoyo político, policial y económico”, resaltó.

Por su parte, Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha), hizo un llamado para garantizar justicia para el Quinto Inuma, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, San Martín, quien fue asesinado en 2023 por defender su territorio comunal ante el avance de invasiones, tráfico de tierras, presencia del narcotráfico y de tala ilegal.

“Estamos muy preocupados no solo porque ha aumentado el extractivismo en nuestros territorios, sino porque también se sigue negando el derecho la seguridad jurídica de nuestros territorios. El Estado peruano dice tener protocolos y medidas para proteger de manera efectiva a los defensores indígenas; sin embargo, en los territorios eso es letra muerta”, señaló.

García demandó que también se asigne financiamiento directo para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales. “No es posible que los asesinatos sigan aumentando. La injusticia cada vez toma el poder y nosotros estamos en este punto tan delicado que nos enfrentamos todos los días a la muerte”, añadió.

García hizo un llamado a los tomadores de decisiones: “si hablamos de proteger la biodiversidad, si hablamos de proteger la madre tierra, ¿por qué no hablamos de defender a aquellos que ejercemos esta función como defensores de la vida?”.

Defensores del bosque, ausentes en la agenda climática

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, alerta que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones indígenas y los mecanismos estatales que existen, los líderes siguen siendo amenazados y asesinados. “Nuestros mecanismos de autoprotección, sin recursos ni apoyo de gobiernos locales ni centrales, deberían ser más efectivos si el Estado peruano tuviera real voluntad política. Cuando denunciamos las amenazas, el Ministerio de Justicia nos da un papel, pero eso no detiene las balas”, apuntó.

El líder lamentó que a pesar de las estadísticas de crímenes de líderes amenazados, su protección no esté en la agenda climática: “No podemos hablar de reducción de cambio climático si no están presentes los defensores y defensoras del territorio. Necesitamos que los Estados brinden condiciones para reconocer y fortalecer los sistemas de autoprotección comunitarios. No podemos seguir viniendo a estos espacios solo a contar cuántos hermanos han sido asesinados por proteger sus territorios”.

Ante la inacción del Estado peruano, Jamer López indicó que ORAU acaba de instalar una guardia indígena transfronteriza entre Perú y Brasil, como parte de una alianza de organizaciones indígenas de ambos países. “Frente a un Estado que deja impune tantos asesinatos de líderes indígenas, el llamado que se ha hecho desde las organizaciones indígenas, desde los territorios, es que debemos autoorganizarnos. Mientras los gobiernos nacionales y provinciales hablan de inseguridad ciudadana, nadie habla de la inseguridad en nuestros territorios. Seguiremos luchando por nuestra cuenta”.

Marisol García contó que en el caso del pueblo kichwa de San Martín están empoderando a las rondas comunales y también a las asociaciones de mujeres con la finalidad de mantener una vigilancia constante del territorio comunal. “Así ejercemos nuestra autonomía, nuestra gobernanza, pero también urge que se pueda implementar un apoyo estatal y de cooperación internacional con herramientas, tecnología y seguridad jurídica a los pueblos indígenas que ejercen esta labor ad honorem. La responsabilidad de cuidar la Amazonía no es solo de los pueblos indígenas, y defenderla puede seguir siendo motivo de asesinatos”, subrayó.

“La conservación que los pueblos indígenas desarrollamos hace muchísimos años no solo es para los pueblos indígenas sino para el mundo entero. Entonces queremos que los fondos climáticos lleguen realmente al territorio y que no solo se queden en el gabinete, en la oficina o en los países más desarrollados”, finalizó Miguel Guimaraes.