Las amenazas a la Amazonía vienen desde varios frentes y están entrelazadas. La minería ilegal de oro ha contaminado ríos de Loreto y Madre de Dios con mercurio. La tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras han convertido regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios en zonas de no derecho, donde las leyes nacionales, los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales dejan de tener vigencia real.  

Cada año se reportan continuas invasiones, con dragas fluviales que erosionan ríos amazónicos. En San Martín y Ucayali, mafias extraen caoba y cedro sin control. En el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), la tala se alía con el narcotráfico: laboratorios de cocaína se camuflan en campamentos madereros. El narcotráfico se ha enquistado en territorios indígenas.

Sin embargo, comunidades nativas organizadas llevan a cabo la defensa y protección de los defensores indígenas. Los comités de vigilancia y control comunitario se han convertido en un mecanismo esencial para que las comunidades nativas defiendan sus territorios ancestrales. Esta labor pone en valor el papel histórico que los pueblos indígenas cumplen en la conservación y protección de los bosques y ecosistemas. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló en la COP30, que se realizó en Belém do Pará, Brasil, que el Estado peruano debe reconocer y fortalecer los sistemas de autoprotección comunitarios, y para ello, es necesario fortalecer los sistemas de vigilancia y monitoreo indígena.

En este contexto, los líderes indígenas resaltaron la importancia de combinar la tecnología y los conocimientos ancestrales para detectar amenazas y exigir respuestas estatales oportunas, como el caso del sistema de alertas y acciones tempranas (SAAT) de Aidesep.

“Es una herramienta de gestión creada por las mismas comunidades. Venimos haciendo el control y vigilancia dentro del territorio, que está dando resultados efectivos frente a economías ilegales”, indicó Samuel Pinedo, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), organización que realiza labores de vigilancia y monitoreo en el Bajo Huallaga, como parte de sus actividades de defensa territorial, forestal y de derechos indígenas.

El dirigente señaló que las comunidades cuidan sus territorios según la costumbre de sus ancestros, pero también usan tecnología que se ha implementado desde sus organizaciones, con las que elaboran mapas de comunicación e identifican las zonas más vulnerables. “Hay avances que muestran que en el Bajo Huallaga nuestros territorios están totalmente conservados porque vienen siendo custodiados por el mecanismo de gestión comunal, que es totalmente efectivo. Se ha podido erradicar al narcotráfico mediante este mecanismo de control y vigilancia”, añadió.

Sin embargo, resaltó que “el Estado peruano solo reconoce a guardaparques, que ciertamente protegen las áreas protegidas, pero sus labores no son efectivas. Los que hacen más efectivo su trabajo son las organizaciones internas creadas para el control y vigilancia de las comunidades en donde participan hombres, mujeres y jóvenes que están dispuestos a defender en toda acción y en todo el territorio”. Por ello, Pinedo pidió que también se reconozca jurídicamente a los órganos internos de las comunidades que trabajan en el monitoreo y vigilancia del territorio.

“El control, monitoreo y vigilancia del territorio no solamente es vigilar, es también gobernar con pertinencia cultural, basado en herencias ancestrales en el manejo del territorio y obviamente con un enfoque espiritual y de armonía ccon la naturaleza”. subrayó.

Por su parte, Hestalin Ríos, presidente de la Coordinadora Regional de los pueblos indígenas de Aidesep Atalaya (Corpiaa), llamó la atención sobre recientes invasiones de parte de colonos en territorios de la comunidad nativa Pano Arawak, en Atalaya, Ucayali.

“Ante la inacción del Estado, las organizaciones indígenas asumimos el monitoreo de nuestros territorios para poder defendernos y así preservar nuestros derechos, pero no es suficiente. Requerimos apoyo en temas logísticos, en tecnología. Equipamiento, solo así podremos fortalecer nuestras capaidades”, señaló.

Ríos pidió solidaridad y alianzas con el Estado peruano y la cooperación internacional. “Si no trabajamos juntos, para enfrentar las amenazas a los territorios, la Amazonía dejará de ser lo que es. Estamos luchando contra el narcotráfico, la tala ilegal, que es como el gusano que está terminando con nuestros bosques. Necesitamos apoyo internacional, que los financiamientos lleguen directamente a las comunidades, a las organizaciones indígenas, que no se queden en la capital o en el gobierno central porque nosotros somos los afectados, somos nosotros quienes estamos al frente haciendo incidencias, haciendo vigilancias a través de nuestros saberes propios”, explicó.

En tanto, José Murayari, vicepresidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), indicó que además de las amenazas mencionadas, también existen otras “en nombre del llamado desarrollo económico”: las carreteras.

Se refirió al proyecto vial Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, que conecta Iquitos hasta la frontera con Colombia, bajo la dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al cual se oponen las comunidades indígenas locales por la falta de consulta previa en la zona.

Las organizaciones indígenas están preocupadas porque –señalan– el 60% del cuarto tramo de este proyecto de más de 180 km se superpone a áreas protegidas, entre ellas, el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el ACR Ampiyacu Apayacu. “Estos lugares no solo son vitales para la biodiversidad, sino también para la vida y cultura de los pueblos indígenas que allí habitan”, resaltó Murayari.

“Nosotros, como defensores, necesitamos de la articulación conjunta con los cooperantes, como hacen mención los compañeros: sin tecnología, sin logística no podemos hacer vigilancia. Tenemos que contar con los recursos necesarios porque nosotros, como líderes, somos amenazados”, denunció el líder, y agregó que ningún proyecto de infraestructura en la Amazonía debe hacerse sin consulta previa a las comunidades que viven en las zonas de impacto.

Los líderes remarcaron que las comunidades nativas a través de la vigilancia están logrando identificar los focos de deforestación, los inicios de incendios forestales, las pistas que utilizan los narcotraficantes. Arriesgan sus vidas y por ello solicitan apoyo concreto del Estado peruano y de la cooperación internacional para fortalecer el monitoreo y control del territorio.