Aunque no hay cifras oficiales, la reciente Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realizó en Belém, Brasil, tuvo la mayor presencia de representantes de pueblos indígenas: cerca de 5,000 según la Coalición de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB); de ellos, 4,000 eran brasileños; el resto procedía de más de 50 países. Sin embargo, solo alrededor de 900 (400 de Brasil) estuvieron acreditados en la Zona Azul, el área exclusiva para las negociaciones oficiales. 

La mayoría de ellos participó en la Zona Verde (el espacio oficial de la COP30 dedicado a la sociedad civil, de acceso público y gratuito); en la Cumbre de los Pueblos, el principal espacio de articulación política y convergencia con otros movimientos sociales; la Aldea COP, el espacio de referencia para la delegación indígena durante la COP30, donde se alojó la mayoría,  y en decenas de eventos paralelos en universidades, museos, casas culturales y calles. Y, por supuesto, fueron protagonistas en las marchas que se llevaron a cabo en la ciudad amazónica. 

Cientos de ellos llegaron a Belém con la Flotilla Yaku Mama, que inició su recorrido fluvial el 16 octubre en la ciudad del Coca (Ecuador), una travesía de más de 3,000 kilómetros y por momentos complicada, pero que unió a distintos pueblos originarios para exigir justicia climática y detener la explotación de petróleo en la Amazonía. El 12 de noviembre 200 embarcaciones desfilaron en la Bahía de Guajará, en un acto simbólico que reclamaba justicia climática. Participaron pueblos indígenas, comunidades ribereñas, quilombolas, movimientos sociales y organizaciones de diversos países, todos unidos para denunciar las "falsas soluciones climáticas y reafirmar alternativas basadas en la agroecología, la solidaridad y el respeto a los territorios".

“Es importante que el mundo sepa que no solo los bosques y los animales viven en la Amazonía. Hay personas que viven allí, personas que están siendo atacadas y agredidas. Se están violando sus derechos y necesitan protección”, dijo Sonia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, en los primeros días de la COP.

La masiva concurrencia indígena reflejaba expectativas, aunque también incredulidad, pero el hecho de que la conferencia tuviera lugar en la Amazonía daba pie a la esperanza, sobre todo en el caso de los brasileños. Ya en junio, reunidos en Brasilia, líderes indígenas de la Cuenca Amazónica emitieron una declaración política que buscaba posicionar a los pueblos indígenas como los verdaderos anfitriones y protagonistas de la COP30. En ella se subrayó la grave situación de la Amazonia, vital para la estabilidad planetaria, que posee el 20% del agua dulce global y almacena hasta 100 mil millones de toneladas de carbono, regulando el clima mundial. Y alertaron que está al borde del colapso tras la pérdida de más de 88 millones de hectáreas de bosque, principalmente debido a actividades extractivas como la minería, la agricultura y la ganadería. Además, luego de los incendios de 2023, la región ha enfrentado sequías, calores y descensos de ríos sin precedentes, lo que indica un peligroso acercamiento a su punto de no retorno.

En la COP30, los pueblos indígenas demandaron que la demarcación y protección de sus territorios sea reconocida como una acción climática prioritaria, incluyendo aquellos en aislamiento (PIACI). Exigieron que estos se declaren zonas libres de actividades extractivas, dada su crucial importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Además, solicitaron que esta protección se integre formalmente en las negociaciones de mitigación y adaptación, con indicadores específicos en el Objetivo Global de Adaptación, y que el liderazgo indígena sea garantizado en los procesos de restauración dentro del programa de pérdidas y daños.

Plantearon alinear el Programa de Trabajo sobre Transición Justa con sus derechos, lo que implica eliminar gradualmente los combustibles fósiles y excluir la minería y los monocultivos para biocombustibles de sus territorios. Demandaron también acceso directo y sin intermediarios al financiamiento climático, incluidos fondos clave como los de Pérdidas y Daños y el Fondo Verde para el Clima, con representación efectiva en su gobernanza. Asimismo, reclamaron una participación plena y equitativa en todas las instancias decisorias de la CMNUCC, con apoyo logístico y financiero, y la inclusión obligatoria de al menos un representante indígena en cada delegación nacional en futuras COP.

Los indígenas afirmaron que las políticas y acciones climáticas actuales no responden a la gravedad del momento y que "se ha acabado el tiempo". La COP30 debía ser un punto de inflexión, y ellos debían estar en el centro de las decisiones climáticas. Aunque la presidencia brasileña de la COP30 promovió el concepto de "Mutirão" (trabajo colectivo), inspirado en sus prácticas, no bastó. La conferencia llegó a su final, con claroscuros, como suele ocurrir. El primer párrafo del texto político principal reconoce “los derechos de los pueblos indígenas, así como sus derechos sobre la tierra y el conocimiento tradicional”, pero ello no satisface las expectativas de los pueblos originarios.

Declaración de los Pueblos Indígenas de la Amazonía

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) —que agrupa a las principales federaciones nacionales, entre ellas Aidesep (Perú), APIB (Brasil), OPIAC (Colombia), Confeniae (Ecuador) y Cidob (Bolivia)— publicó una declaración oficial de balance que califica los resultados de la cumbre como “falta de ambición e incluso de interés” por parte de los gobiernos.

Reconocimiento y protección efectiva de todos los territorios indígenas, especialmente los habitados por pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI)

COICA celebra la homologación de cuatro territorios en Brasil y la mención inicial a derechos territoriales en el preámbulo del Mutirão Global, pero subraya que “estas señales políticas son insuficientes y distan mucho de garantizar seguridad jurídica y protección efectiva”. El texto final incluye referencias a la importancia de los derechos sobre tierras y territorios en el Programa de Trabajo de Mitigación de Sharm el-Sheikh, pero ninguna pasa a la parte operativa. 

Para los indígenas, esto significa que el reconocimiento sigue siendo declarativo y no vinculante. El Compromiso Intergubernamental sobre Tenencia de Tierras (ILTC) aprobado el 20 de noviembre promete reconocer 160 millones de hectáreas indígenas y comunitarias para 2030, y Brasil anunció la demarcación de 10 nuevos territorios durante la cumbre. Sin embargo, cientos de procesos siguen paralizados en los nueve países amazónicos y los PIACI —más de 180 grupos— no cuentan con zonas de exclusión operativas. “Reiteramos que no habrá acción climática efectiva sin seguridad jurídica, sin territorios libres de amenazas y sin garantías de respeto al principio de no contacto para los PIACI”, sentencia la declaración.

Acceso directo, flexible y culturalmente apropiado al financiamiento climático

El Tropical Forests Forever Facility (TFFF), lanzado con 6.600 millones de dólares recaudados y meta de 125.000 millones, reserva al menos el 20 % para pueblos indígenas y comunidades locales. Los indígenas amazónicos lo saludan como avance, pero lo califica de “desproporcionadamente pequeño” frente al papel que desempeñan en la conservación de los bosques. También valora que el Fondo Verde para el Clima haya aprobado una decisión que promueve el acceso directo, incluido para indígenas, y espera que se cree pronto una ventana específica y culturalmente adecuada. Sin embargo, advierte que el financiamiento indígena no puede limitarse a la mitigación: “Debemos ser considerados socios y actores en adaptación y como población afectada por pérdidas y daños”. Exige salvaguardas sociales y ambientales robustas en la totalidad de las inversiones del TFFF y la integración obligatoria de sistemas de conocimiento indígena.


Territorios indígenas —especialmente PIACI— libres de todo tipo de extractivismo

Este es el punto donde la declaración es más dura. Aunque celebra la inclusión histórica de los PIACI en el párrafo 12.i del Programa de Trabajo de Transición Justa y los anuncios de Colombia (Amazonía libre de gran minería) y Brasil (mapa de ruta para salida de fósiles), lamenta profundamente que la COP30 no haya declarado zonas de exclusión libres de petróleo, gas, minería y monocultivos. El borrador inicial contenía referencias explícitas a los impactos de la minería de minerales críticos para la transición energética. Esas líneas fueron eliminadas en la versión final, lo que es considerado por los indígenas como un “retroceso grave en un contexto en un contexto en el que se están dando estas actividades en aras de la transición energética, y que ya está generando impactos severos en territorios indígenas”. Asimismo, demandan que “la Amazonía sea declarada zona de exclusión de todo tipo de extractivismo”. 


Representación y participación plena y efectiva

La declaración reconoce el esfuerzo organizativo, pero insiste: “Presencia no es participación plena y efectiva”. Reclama acceso oportuno a la información, intervención directa en las negociaciones, reconocimiento de las estructuras propias de gobernanza y la incorporación sistemática de negociadores indígenas en las delegaciones oficiales.

Espacios como el Caucus Indígena, la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas y el Círculo de los Pueblos son logros fundamentales del movimiento indígena para influir en el debate climático, pero seguirán siendo insuficientes si no tienen una participación directa en las negociaciones y los acuerdos alcanzados en el marco de las Conferencias del Clima.

Además, lamentan que la presidencia brasileña de la COP no garantizara un diálogo sustantivo y continuo con las organizaciones indígenas panamazónicas, a pesar de haber recibido propuestas detalladas desde 2023.

Inclusión real de los sistemas de conocimiento indígena

Los textos finales —Mutirão Global, Programa de Transición Justa y otros— incluyen menciones a los sistemas de conocimiento indígena. COICA las valora, pero denuncia que persiste la confusión entre “sistemas de conocimiento indígena” y “conocimientos tradicionales”. Los primeros abarcan la relación integral con el territorio, la gobernanza, la espiritualidad y la resiliencia; los segundos se reducen a técnicas aisladas. “Deben ser reconocidos en su totalidad, no fragmentados ni reducidos a un componente técnico de adaptación”, exige la declaración.

Protección efectiva de defensores y defensoras indígenas

Las organizaciones indígenas saludan la propuesta brasileña de un Plan Nacional de Protección de Defensores, pero exige que sea diferenciado, operativo y con participación indígena directa: prevención, investigación, sanción y apoyo a las organizaciones que trabajan en contextos de alto riesgo. “Defender territorios y defender la vida es un derecho, no un crimen”, resaltan.

En opinión de los observadores que asistieron a Belém, un legado de la COP30 es la mayor participación de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes jamás registrada en la historia de las negociaciones climáticas. Ellos son protagonistas de la agenda climática y son los perfectos aliados para su implementación.

“Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica estuvimos presentes. Dentro y fuera de la zona azul presentamos y compartimos nuestras propuestas accionables para lograr los compromisos que las partes y otros actores tanto citan, pero para cuyo cumplimiento no hay compromisos reales. Nosotros sabemos que somos la respuesta y exigimos coherencia: que la acción climática reconozca nuestro papel como actores en el combate al cambio climático. Y que reconozca también que la Amazonía viva es condición para la estabilidad climática del planeta”, finalizan.

Los pueblos indígenas advirtieron durante la COP30 que, sin importar el resultado de las negociaciones, persistirán en su lucha unida, ampliando su voz más allá de la Cuenca Amazónica. Su prioridad es innegociable: el reconocimiento y protección real de sus derechos humanos, base de su aporte a la acción climática y la conservación. Su propuesta de gestión ambiental comunitaria está sobre la mesa. La gran incógnita que deja la cumbre es si los Estados tendrán la voluntad política de escuchar, y la ambición climática para caminar, por fin, a su lado.